Historia de Bahrein

Se cree que de Bahrain partieron hace más de cinco milenios, los primeros sumerios hacia la Mesopotamia. La isla fue desde entonces sede de un intenso comercio marítimo entre Mesopotamia y la India, que se hizo particularmente próspero entre los siglos XI y XV de nuestra era, en el apogeo de la civilización islámica, que entonces se extendía desde el océano Atlántico hasta el Pacífico Sur.

En 1507 navegantes portugueses se establecieron en la isla y la ocuparon durante un siglo, hasta que fueron desplazados por los persas. De esta época datan las reivindicaciones iraníes de soberanía sobre esta parte del Golfo, Pérsico, según unos, o Arábigo, según otros. En 1782 el jeque Al-Khalifah asumió el poder -hasta hoy en manos de su familia- y logró desplazar a los persas. La independencia duró hasta 1861, cuando otro califa aceptó el "protectorado" que le ofrecían los británicos, atemorizado por renovadas amenazas persas de anexión.

En las dos guerras mundiales Bahrain fue una importante base militar británica. En 1932 se abrieron en la isla los primeros pozos petroleros del Golfo. En los años cincuenta, al igual que en el resto del mundo árabe, crecían los movimientos nacionalistas, con demandas de libertad sindical, democracia e independencia.

En diciembre de 1954 estalló una huelga general en los campos petroleros. Dos años después fueron atacadas las oficinas de la administración colonial. Las tropas británicas sofocaron la rebelión, arrestaron a los líderes opositores y los enviaron al exilio. Paulatinamente se introdujeron algunas reformas y aumentó la participación local en la administración pública.

Al comenzar la década de 1970, los británicos decidieron retirarse de sus últimas colonias "al este de Suez". Sin embargo, mantuvieron en Bahrain intereses económicos y estratégicos. Bahrain y Qatar se negaron a integrar la confederación de los Emiratos Árabes Unidos y el país se independizó bajo el reinado del jeque Isa-Sulman Al-Khalifah.

El país autorizó a Washington la instalación de bases navales en sus puertos, que sólo fueron evacuadas tras el conflicto árabe-israelí de 1973. Ese año las elecciones locales dieron mayoría en la Asamblea Nacional a las fuerzas progresistas, que reclamaban la libre organización de partidos políticos y una mayor proporción de diputados elegidos popularmente. Los británicos vieron amenazados sus intereses y en agosto de 1975 apoyaron la disolución del parlamento, decretada por Al-Khalifah.

En los años setenta Irán logró superar la influencia saudita en los emiratos, imponiendo sobre éstos un virtual protectorado mientras que una intensa inmigración clandestina iraní amenazaba con constituirse en una fuerte minoría agitadora. Poco antes de ser asesinado, el rey saudita Faisal contraatacó esa penetración con una ofensiva diplomática continuada hoy por sus sucesores.

Riyad, la capital saudita, presionó a Qatar, único emirato tradicionalmente fiel a los sauditas, para que solucionara la disputa con Bahrain sobre las aguas fronterizas y apeló al "sentimiento árabe" que debía unirlos (Irán es musulmán, pero no árabe) aunque el intento se frustró en 1976, cuando Arabia Saudita aumentó el precio del petróleo en proporción menor a los demás países de la OPEP, inclusive a Irán.

El derrocamiento del shah de Irán, ocurrido en 1979, agravó el conflicto, pues algunos voceros oficiosos de la nueva República Islámica anunciaron intenciones de mantener las reivindicaciones de su país sobre las islas del Golfo. En respuesta, el emir intensificó la represión, no sólo contra las minorías de inmigrantes iraníes o chiítas, sino en general contra toda expresión progresista. En contrapartida, se acercó a los demás gobiernos árabes al condenar enérgicamente los Acuerdos de Camp David y firmar con Kuwait y Arabia Saudita tratados de defensa.

Bahrain es el "menos rico" de los productores de hidrocarburos del Golfo, con reservas comprobadas que ascienden a poco más de 300 millones de barriles y se agotarán en pocos años, de mantenerse el ritmo de producción. Consciente de esta realidad, -que sumada a la ruina de la extracción de perlas por la competencia de las cultivadas japonesas, dejaría al desértico país con la pesca como único recurso-, en los años ochenta el gobierno redujo el ritmo de extracción y aprovechó además la estratégica posición de las islas para convertirlas en base de operaciones financieras y comerciales de la zona.

En mayo de 1975 Bahrain obtuvo el control mayoritario de su petróleo, y en 1978 anunció la nacionalización total de las concesiones. El estado promueve, además el establecimiento de industrias, en particular de cobre y aluminio.

En otros aspectos la política económica es de extremo liberalismo, alentando a las trasnacionales a establecerse en el archipiélago con generosas exenciones fiscales y libre repatriación de capitales. El país se convierte en un puerto intermedio, destinado a la reexportación de todo tipo de mercaderías hacia las capitales de la zona. En él se encuentra la refinería BAPCO, la segunda de Cercano Oriente, que procesa el crudo local y gran parte del saudita.

En 1981 Bahrain pasó a integrar el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), una organización creada bajo la inspiración de Estados Unidos para organizar el control militar y político de la región, frenar la influencia de la revolución islámica de Irán y vigilar los movimientos opositores dentro de los estados miembros.

Uno de los más perseguidos, el Frente de Liberación de Bahrain, tiene su soporte principal en trabajadores de la industria petrolera, estudiantes y profesionales liberales, y hasta 1981 integraba el Frente de Liberación del Golfo, con otros movimientos de la región.

En noviembre de 1986 fue inaugurada una autopista entre Arabia Saudita y Bahrain, que en la práctica dejó de ser una isla. En el primer año la carretera fue transitada por un millón de vehículos.

A pesar de estas grandes obras, la caída del precio internacional del petróleo sumió al país en una seria crisis y en 1989 debió solicitar créditos para equilibrar su presupuesto. Kuwait y Arabia Saudita contribuyen con 100 millones de dólares anuales a la estabilidad del gobierno de Manama.

En marzo de 1991, tras la derrota de Irak en la Guerra del Golfo, los cancilleres de Egipto, Siria y los seis estados árabes miembros del Consejo de Cooperación firmaron en Riyad, Arabia Saudita, un acuerdo con Estados Unidos para "preservar la seguridad en la región".

En julio, el gobierno de Bahrain anunció que autorizaría a las compañías extranjeras a controlar totalmente las empresas locales que adquirieran. Hasta ese entonces, todas las empresas de la isla debían tener como mínimo 51% de capital nacional. El cambio de política procuraba captar inversiones extranjeras para compensar las pérdidas ocasionadas por la Guerra del Golfo.

Después de Kuwait, Bahrain fue el emirato más afectado por el conflicto. El país fue amenazado por la marea negra y durante meses los pozos de petróleo incendiados en Kuwait oscurecieron su cielo. En el plano económico, los efectos de la invasión de Kuwait y de la posterior guerra contra Irak también se hicieron sentir.

A partir de 1992, los capitales extranjeros que habían abandonado el país empezaron a retornar lentamente. Ese mismo año, el país tuvo una activa participación en la conferencia de paz para el Cercano Oriente realizada en Moscú, a la que concurrieron, además de Israel, diez naciones árabes.

En octubre de 1994, la visita del ministro israelí de Medio Ambiente, Yossi Sarid, a Manama -el primer contacto público a tan alto nivel entre Israel y un estado del Golfo- fue una clara demostración de la política de liberalización económica del régimen.

En diciembre de 1994, un líder chiíta, el jeque Alí Salman fue arrestado, tras haber firmado una petición en favor de la restauración de la Constitución y del Parlamento disuelto en 1975. Su detención provocó manifestaciones antigubernamentales, en las que murieron dos estudiantes y un policía. En abril de 1995, el emir Isa ibn-Sulman Al-Jalifa se entrevistó con 20 líderes opositores para tratar de poner fin a la creciente violencia. En agosto de ese año, ambas partes llegaron a un acuerdo que culminó con la liberación de 250 presos políticos.

En junio, Al-Jamri y otros seis líderes opositores denunciaron la falta de compromiso del gobierno con el acuerdo logrado y comenzaron una huelga de hambre que culminó el 1º de noviembre. Una gran manifestación opositora encontró como respuesta el cierre de mezquitas, medida que contribuyó a incrementar el clima de tensión.

En 1996 las manifestaciones se repitieron en todo el país, y algunas de ellas terminaron en confrontaciones violentas con la policía. El gobierno decidió recurrir a la pena de muerte para sancionar a los "responsables", medida que fue avalada por la Corte de Casación. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU emitió tres declaraciones en setiembre sobre la situación de los reclusos en las prisiones bahrainianas. Las organizaciones internacionales no fueron autorizadas a ver a los detenidos, a los cuales se les negaba en muchos casos el derecho a juicio. En julio, Amnistía Internacional denunció que gran cantidad de mujeres y niños padecían severos abusos en las cárceles de Bahrain.

Debido a la situación de conflicto social, algunas empresas financieras, como el Core State Bank Na., de Estados Unidos, decidieron abandonar el país y establecerse en Dubai. En marzo de 1998, Bahrain y las otras cinco naciones integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Omán, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos) estudiaron la posibilidad de desvincular sus monedas del dólar para protegerse de las persistentes fluctuaciones y prevenir mayores pérdidas en los ingresos petroleros.

En diciembre de 1999, en su discurso por el día de la Independencia, el emir Sheik Hamad ibn Isa Al-Khalifah habló de apertura democrática y prometió reinstalar los consejos municipales. Al año siguiente, además de prometer públicamente restituir el Parlamento, el emir nombró por primera vez, como integrantes del Consejo Consultivo -órgano creado en 1992, conformado por 40 miembros que observan la mayor parte de las políticas del gobierno- a hombres y mujeres no musulmanes, incluso un empresario judío y, de las cuatro mujeres, una cristiana.

En febrero de 2001, los baharianos apoyaron, por abrumadora mayoría, las propuestas de un referéndum para reformas políticas impulsado por la familia real. Las propuestas, que comenzarían a regir en el año 2004, contemplaban la conversión del Estado en una monarquía constitucional. Asimismo, se estableció que más de 900 prisioneros políticos y exiliados serían perdonados y se aboliría la Ley del Seguridad del Estado y la Corte de Seguridad del Estado, establecida tras los disturbios de 1995.

En diciembre, el Ministerio de Información procesó al periodista Hafez al-Shaikh por publicar artículos críticos acerca de la comunidad chiíta, acusándolo de violar las leyes de prensa y difusión del país. Por su parte, al-Shaikh sostuvo que la persecución se debió realmente a sus comentarios negativos, publicados en un diario libanés, acerca de la colaboración de Bahrain a las incursiones de Estados Unidos en Afganistán.

Adelantando los plazos que se habían fijado el año anterior, el 14 de febrero de 2002, el Estado de Bahrain se autodeclaró monarquía constitucional. El rey (antes emir) adelantó la convocatoria a elecciones (las primeras en 27 años), para el 24 de octubre de ese mismo año.

En mayo de 2002 se celebraron elecciones locales en Bahrain, y por primera vez las mujeres pudieron votar y presentarse como candidatas. Lo mismo sucedió en las parlamentarias de octubre, que fueron las primeras en 30 años y que registraron una participación electoral del 50% a pesar de que la Asociación Acuerdo Nacional Islámico (INAA), el principal partido político que representa a la mayoría chiíta, llamó al boicot. La oposición chiíta, que resultó la facción más votada, entendía que el proceso no era democrático, ya que el poder legislativo se repartiría entre la cámara electa y un consejo consultivo designado por el monarca, que es sunnita.

Según distintos informes, las autoridades obstaculizaron en marzo el acceso a algunos sitios web, incluido el del Movimiento para la Libertad de Bahrain, que había hecho fuertes críticas a las reformas constitucionales aprobadas por el rey. En mayo se prohibió en el país la cadena de televisión Al Jazira, con sede en Qatar. En octubre se promulgó por decreto real una nueva Ley de Prensa y Publicaciones cuyo artículo 68 castigaba con hasta cinco años de cárcel la publicación de artículos ofensivos para la religión del Estado o en los que se criticara al rey o se incitara a derrocar o cambiar el gobierno.

También en mayo, un coronel del Servicio de Seguridad e Información, Adel Jassem Fleifel, huyó a Australia al iniciar las autoridades una investigación sobre él por presunta corrupción. Algunos grupos de oposición llevaban años acusándolo de torturar y ordenar torturar a detenidos y presos políticos. Ese mes, Amnistía Internacional instó al gobierno a investigar todas las torturas y demás violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por Fleifel y el Servicio de Seguridad e Información. El prófugo regresó a Bahrain en noviembre y fue detenido. En octubre, el rey dictó el Decreto 56, por el que se aclaraba lo dispuesto en la amnistía general de febrero de 2001 (Decreto 10), prohibiendo, de hecho, emprender acciones judiciales contra cualquier persona, civil o militar, que hubiera cometido violaciones de derechos humanos o hubiera estado implicada en ellas antes de febrero de 2001. En noviembre, Amnistía Internacional escribió al rey instándolo a revocar el decreto.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó Bahrain en marzo y señaló la necesidad de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y poner a los responsables a disposición judicial. Poco más tarde, Bahrain ratificó la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con algunas reservas a los artículos 2, 9, 15, 16 y 29.

En 2003, 200 presos realizaron una huelga de hambre en la cárcel de Jaw, al sur del país. La medida fue asumida por los reclusos en protesta por los múltiples casos de abuso físico y la dificultad de acceso a abogados y a las distintas organizaciones en derechos humanos. En una huelga de hambre ocurrida a comienzos de ese mismo año, el recluso Yasser Makki había perdido la vida por falta de asistencia médica. El presidente del Comité Nacional por los Mártires y Víctimas de Tortura de Bahrain, Sayed Jaffar al-Alawi, sostiene que 33.000 ciudadanos de ese país sufrieron maltratos físicos por parte de la policía en los últimos años, y que por lo menos 3.500 alegan haber padecido tortura. Al-Alawi se ha convertido en uno de los activistas más reconocidos en la lucha por la derogación del Decreto 56. También ha insistido en la necesidad de conformar una comisión especial en el ámbito de la Justicia, destinada a investigar distintos alegatos de tortura y muerte carcelaria.

La Sociedad para los Derechos Humanos de Bahrain, al enviar su informe anual a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CHR), alertós sobre distintas clases de discriminación: entre otros, a la mujer y a los ciudadanos de origen chiíta en el acceso a la administración pública, y sobre el ejercicio de nepotismo por parte de la familia real.